Procuraduría de la Administración recomienda revocar venta de lotes boscosos en Clayton

Hoy 17 de mayo de 2005, hemos recibido la noticia que la Procuraduría de la Administración, ha recomendado a la Corte Suprema de Justicia (Arturo Hoyos, magistrado ponente) que declare ilegal el contrato de venta de la ARI y el comprador del lote boscoso denominado CL-35 en Clayton.

Ellos se hacen eco de que existen suficientes elementos que indican que se trata de un área protegida y que los daños que se causarían al patrimonio natural e histórico son irreversibles, tal y como había argumentado el abogado de los ambientalistas, Carlos Varela en la demanda interpuesta desde hace varios meses.

Los ambientalistas involucrados en la defensa de este patrimonio, se han regocijado que comienze a imperar la ley en este dilema que lleva más de un año de dilucidarse en los medios de comunicación y que hasta la fecha no se ha recibido un punto de vista favorable de parte de ninguna autoridad.

Esta última semana Carlos Pasco y su equipo de abogados y prensa y propaganda a iniciado una feroz campaña para hacer ver que los argumentos de los ambientalistas eran ilegítimos y que sus puntos de vista legales y técnicos eran simples opiniones.

De acatar el consejo, la Corte Suprema salvaría una rica àrea de biodiversidad parte del Parque Nacional Camino de Cruces y además contiene un tramo casi intacto del Empedrado de Camino de Cruces que data de 1519. Este Camino de Cruces fue la primera ruta transoceánica y funcionó por varios centenares de años hasta 1855, cuando se construyó el Ferrocarril transoceanico de Panamá.

Todavía, a pesar de la vista del Procurador de la Administración la demanda no ha sido acogida formalmente por la Corte. La segunda demanda que intenta salvar el otro lote vendido en Clayton (el lote CL- 43) tampoco ha sido acogida por este máximo órgano de justicia. De acuerdo a los ambientalistas quedan tres demandas claves por interponer: una para salvar el patrimonio histórico, la segunda para ilegalizar la ventas de bosques que la ley ha destinado a conservación y la tercera que atacaría los dos estudios de impacto ambiental que de acuerdo a los ambientalistas fueron aprobados de manera irregular.

Creemos que al final la lógica y la ley imperará y lograremos salvar todos los bosques revertidos y hoy amenazados por ventas ilegales por parte de la ARI, la cual no tiene potestad de vender el patrimonio forestal panameño, aunque estè bajo su jurisdicciòn.

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